En un movimiento estratégico hacia la transparencia y seguridad financiera, Argentina ha iniciado la implementación de un riguroso marco regulador para los exchanges y monederos de criptomonedas. Este esfuerzo, liderado por el gobierno de Javier Milei, se alinea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A partir de este momento, se espera que abogados, bancos y financieras reporten operaciones sospechosas, siguiendo la línea de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en elaboración. Este decreto busca fortalecer el ecosistema cripto argentino, promoviendo un ambiente de inversión seguro y regulado.

El interés del país en regular este sector es evidente al observar que cuatro de cada diez monederos cripto en Latinoamérica son argentinos. La iniciativa no solo busca alinear al país con las expectativas internacionales sino también proveer un entorno más seguro para los inversores.

Las empresas de criptomonedas, incluyendo a Lemon, uno de los exchanges más prominentes de Argentina, han sido participes activos en la promoción de una reforma tributaria específica para el sector. Estas reformas incluirían beneficios fiscales y un tratamiento tributario estratégico que acompañe este nuevo marco regulatorio, enfocándose además en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Argentina se prepara así para una evaluación crucial por parte del GAFI en 2024, esperando obtener resultados satisfactorios que refuercen su compromiso con un sistema financiero transparente y regulado. Esta regulación marca un paso importante hacia la consolidación del mercado cripto en Argentina, buscando equilibrar innovación, seguridad y cumplimiento normativo.

Este artículo no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión. Toda inversión y operación de comercio conlleva riesgos, y se recomienda que los lectores realicen su propia investigación antes de tomar una decisión.